Las Comunidades Autónomas muestran su oposición a la nueva regulación del bono social eléctrico

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"La Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrada ayer en Madrid, ha dejado bien clara la oposición de las Comunidades Autónomas a la nueva regulación del denominado Bono Social. La tramitación de esta ayuda en la factura de la luz ya estaba perfectamente regulada en Canarias a través de los Ayuntamientos, con financiación del Gobierno canario. Las discrepancias surgen porque el Estado ha invadido las competencias de los Gobiernos autónomos y de los municipios en esta materia", asevera el el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, quien asistió ayer en Madrid a la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales, en la que se abordó, entre otros asuntos, la aprobación del Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable y del bono social para los consumidores domésticos de energía eléctrica.


Según explica Candil, "la organización y gestión de este bono social estaba ya perfectamente regulado en Canarias, a través de los ayuntamientos con apoyo financiero del Gobierno, y ahora el Estado ha generado esta confusión. De hecho, aclara, en el seno de esta comisión de Servicios Sociales celebrada ayer en Madrid se abordó este tema manifestando una absoluta preocupación por la situación creada por la entrada en vigor del Real Decreto".


Por este motivo, la Comisión acordó solicitar de forma urgente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una reunión a la mayor brevedad posible con objeto de dar respuesta a diversas cuestiones derivadas de la mencionada normativa, entre ellas, la necesidad de establecer un protocolo que contemple de manera acordada con las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía la gestión de los listados de impagos de consumidores vulnerables severos, dando seguridad jurídica tanto en la cesión de datos como en la responsabilidad de las propias Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía ante situaciones de cortes de suministro.


Además, la Comisión pide contemplar los necesarios cambios reglamentarios que salvaguarden las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en materia de servicios sociales, así como establecer un estudio de impacto presupuestario en las arcas de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y buscar fórmulas para su financiación.

"Las comunidades Autónomas no saben a fecha de hoy cuál es el coste económico de esta medida ni las empresas eléctricas han facilitado, hasta el momento, esta información con lo cual la aplicación de esta medida se realiza en un contexto de absoluto oscurantismo", señala Candil.


En este sentido, subrayó que, "por parte del Gobierno de Canarias se espera que en el próxima reunión entre los ministerios de Industria y de Políticas Sociales se clarifique definitivamente la puesta en marcha de esta normativa".


Por su parte, el Gobierno de Canarias viene trabajando desde hace meses en un protocolo que defina exactamente cómo establecer la aplicación de la nueva normativa. Para ello, ha creado una comisión con participación de las Consejerías Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Economía; Industria, Comercio y Conocimiento; así como del comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza y de la Federación de Municipios Canarios.


El Bono Social es un descuento en la factura de la luz, que se encuentra regulado por el Gobierno estatal y pretende proteger a los hogares considerados vulnerables. Con la entrada en vigor en octubre de 2017 del Real Decreto 897/2017 cambian los requisitos para tener derecho al Bono Social, e incorpora una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales.

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