Efectos de un parque eólico marino flotante en Canarias

Canarias suple su demanda de electricidad en casi un 90% con petróleo que viene por barcos del exterior. El Gobierno de Canarias propone, en su Estrategia Energética para el 2025, el objetivo de que el 45% de su electricidad provenga de energías renovables, incluyendo para ello 310 MW de energía eólica offshore además de 1025 MW de energía eólica en tierra y 300 MW de energía solar fotovoltaica, entre otras actuaciones. Las Islas Canarias tienen más del 40% de su territorio protegido, a lo que hay que sumar que algunas islas tienen una densidad poblacional muy alta además de un gran desarrollo turístico, lo que genera una gran presión sobre el territorio. Esto queda patente en islas como Gran Canaria que, con menores dimensiones que Tenerife o Fuerteventura, tiene una densidad poblacional muy alta, enorme presión turística y más potencia eólica instalada que el resto de las Islas Canarias juntas. Como consecuencia, ha aumentado la sensibilidad de parte de la población ante nuevas instalaciones eólicas en tierra. Por otro lado, el potencial eólico marino en Canarias es enorme, con un potencial importante para instalaciones eólicas marinas fijadas al lecho marino, “bottom-fixed” (que se han de instalar a una profundidad máxima de 50 metros), pero muchísimo mayor para instalaciones eólicas marinas flotantes (que se instalan a mayores profundidades). Todo ello, ha motivado que el Gobierno de Canarias proponga una primera zona de desarrollo eólico offshore en la zona sureste de Gran Canaria.

En este contexto, se ha estudiado el impacto de un parque eólico marino flotante de 200 MW ubicado en Gran Canaria. Este impacto no sólo se traduce en una capacidad de producir más del 20% de la demanda de electricidad de la isla sino también en una importante contribución en el PIB y en el empleo.

Los estudios realizados analizan el efecto económico en las tres fases típicas de un proyecto de estas características. Fase 1 (antes de la puesta en marcha del proyecto, estimada entre 7 y 5 años): sondeos, trabajo de campo, proyecto, fabricación e instalación; fase 2 (estimada entre 20 y 25 años): operación y mantenimiento, y fase 3: desmantelamiento (estimada en unos tres años). Los estudios realizados incluyen un análisis de la cadena de valor para estimar las capacidades existentes en Canarias y en España para abordar cada una de estas tres fases. El análisis de la cadena de valor peninsular trata de identificar qué actividades que no se pueden desempeñar en Canarias, podrían ser llevadas a cabo por empresas de la Península. Los resultados del esudio son muy alentadores, tanto para Canarias como a nivel nacional. En Canarias se podría llevar a cabo hasta un 25% (dependiendo del escenario) de la inversión de la 1ª fase (sondeos, proyecto y fabricación); hasta un 40% de la fase de operación y mantenimiento y el 100% de la fase de desmantelamiento. A nivel nacional, se estima que más del 50% de la inversión de la 1ª fase se podría ejecutar entre Canarias y Península; lo que significa que gran parte de la fabricación se puede llevar a cabo en territorio nacional. Respecto al total del proyecto (incluyendo las tres fases), se estima que alrededor del 70% de la inversión se podría ejecutar entre Canarias y Península.

El PIB generado a nivel nacional durante el periodo global del proyecto podría rondar los 900 millones de euros, de los cuales algo menos de la mitad podría venir a Canarias.

En cuanto al empleo demandado en Canarias durante la duración global del proyecto, los empleos directos se estima que podrían alcanzar los 700 empleosy los indirectos más inducidos se estiman que podrían superar los 500 empleos. Hay que mencionar que el empleo demandado no significa que sea empleo de nueva creación; una parte será personal ya contratado al que se prorroga contrato, aumenta las horas o simplemente se le reasigna tareas y otra parte sí será empleo de nueva creación. Además, también hay que distinguir entre empleo de corta duración (2 – 3 años), en la 1ª fase de sondeos, proyecto, fabricación, instalación y puesta en marcha, empleo de larga duración (20 o 25 años), en la fase de explotación del parque eólico, y empleo temporal (de unos 6 meses) en la fase de desmantelamiento. El grueso del empleo se genera en la 1ª fase, empleo de corta duración. El empleo más estable se genera en la 2ª fase (de 20 a 25 años), de operación y mantenimiento, pero también es la fase que menos empleo anual genera.

En definitiva, los efectos del desarrollo de la eólica marina en Canarias son numerosos, no sólo al contribuir a aumentar las energías renovables en Canarias y disminuir las emisiones de CO2; sino que también se produce un impacto importante en la creación de empleo y de riqueza en la región.