No al retraso en las renovables

El fomento de las energías renovables presenta innumerables ventajas desde una perspectiva energética, pero también desde una óptica económica y medioambiental. Estas ventajas son, si cabe, mayores en territorios insulares como Canarias con unas especificidades geográficas notables.

Estas ventajas, de forma resumida, son: La sustitución de generación convencional –que supone un 92% de la generación de Canarias– por generación eléctrica renovable, favorece el equilibrio entre ingresos y costes del conjunto sistema eléctrico, suponiendo una reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores españoles y un suministro eléctrico más competitivo. Además, la instalación de más capacidad renovable en Canarias permite reducir su dependencia energética, favorece la entrada de nuevos agentes económicos, combate el envejecimiento del parque de generación y potencia la percepción como destino turístico sostenible de Canarias, contribuyendo a crear empleo y riqueza.

La amenaza del cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia energética del exterior marcó la política energética desarrollada por el Gobierno del Partido Popular. Por esta razón, el ejecutivo de Mariano Rajoy siempre demostró su decisión de explorar todas las vías existentes para incorporar nuevas medidas para acelerar la incorporación de energías renovables en Canarias.

Además, se realizaron esfuerzos para el fortalecimiento de sus redes eléctricas, necesario para precisamente incorporar de manera adecuada nueva potencia renovable y aprovechar al máximo la energía producida de las mismas. En este sentido, se están terminando de construir nuevas subestaciones y líneas de evacuación. Asimismo, y en coordinación con REE, el Gobierno de Canarias está planificando el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento, que ayudarán a maximizar la penetración de energías renovables (con inversiones de 800 millones de euros planificados por el Gobierno del Partido Popular).

El Gobierno del Partido Popular, en colaboración con el Gobierno de Canarias, dejó completamente elaborados y preparados los textos normativos que idearon la estrategia de incorporación de nueva potencia renovable en Canarias mediante procedimientos de concurrencia competitiva, y estructuraron su financiación mediante fondos procedentes del Superávit Eléctrico y cofinanciados con fondos Feder, para ser gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El planteamiento original del Gobierno de Mariano Rajoy era el de celebrar subastas de tecnologías eólica y fotovoltaica en las que los promotores de los proyectos compitieran por recibir una ayuda/subvención a la inversión, es decir, a la construcción de las instalaciones, donde el esfuerzo económico es mayor. Incluso el Gobierno del Partido Popular estructuró un calendario para realizar dos rondas con tres convocatorias, una primera ronda a finales de 2018, para la energía eólica, y una segunda ronda en el primer trimestre de 2019 con dos convocatorias, una para eólica y otra para fotovoltaica. Cada ronda contaría con un presupuesto de unos 70-80 millones de euros cada una.

La gestión del mecanismo de ayudas recaería sobre el IDAE, que lanzaría las convocatorias y fijaría el presupuesto de cada una, así como la potencia máxima de los proyectos a concurrir, el volumen de las ayudas y los criterios de adjudicación. Es decir, el Gobierno del Partido Popular dejó absolutamente todo preparado para la incorporación de nueva capacidad renovable en Canarias.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido el tiempo y ha empleado seis meses en simplemente tramitar una orden1 para transferir los fondos del superávit eléctrico al IDAE, y, que por cierto, fue el ejecutivo del Partido Popular quien permitió la habilitación para ello en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018.

Por tanto, el nuevo Ejecutivo ha retrasado la incorporación de nuevas renovables en Canarias, demostrando que realmente este aspecto no es esencial en su política energética, impactando de manera negativa sobre todos los consumidores de electricidad, tanto a familias como empresas y retrasando la necesaria transición energética a una economía baja en carbono.