Galicia y Andalucía compiten con Canarias para el mayor parque de eólica flotante

Iberdrola ha presentado el proyecto al fondo europeo "Next Generation" y a corto plazo podría generar entre 1.000 y 2.000 empleos

Eolica marina



Iberdrola proyecta el que será el primer parque eólico marino flotante a escala industrial de España, al que destinaría más de 1.000 millones de euros de inversión para la puesta en marcha de 300 MW de energía limpia en la costa española. El proyecto, que representa "una oportunidad para desarrollar cadena de valor en el país y situar a la industria española como referente internacional", según la empresa, ha sido presentado al programa Next Generation EU.

La instalación renovable se convertiría en "polo de industrialización y empleo" en el país: el estudio, diseño e ingeniería podría iniciarse este año y hasta su entrada en operación, prevista en 2026, generaría "más de 2.800 empleos anuales y requeriría la participación de 66 empresas y centros tecnológicos españoles", incluyendo 52 pymes. A corto plazo, en el escenario 2021-2022 y antes el arranque de la fase de construcción, la iniciativa podría generar entre 1.000 y 2.000 empleos.

Esta actividad implicaría a nueve comunidades autónomas, contribuyendo a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento. España se ha convertido en el quinto país del mundo por número de fábricas en la cadena de suministro del sector eólico marino.

Este proyecto sería punta de lanza para el desarrollo de hasta 2.000 MW eólicos marinos flotantes que la compañía ha identificado y que podrían llevarse a cabo en la costa de Galicia, Andalucía o las Islas Canarias.
El proyecto forma parte de las 150 iniciativas presentadas por la compañía a programa Next Generation UE que movilizarían inversiones de 21.000 millones e involucrarían a cientos de pequeñas y medianas empresas.

Los proyectos permitirían generar 45.000 puestos de trabajo/año, un crecimiento económico de más del 1,5% del PIB, la mejora de la competitividad y de la balanza de pagos -entre 500 y 1.000 millones de euros/año- y la contribución al reto demográfico, ya que se incluyen más de 7.000 millones de euros en entornos rurales.

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