Actualización extraordinaria de la retribución a las renovables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de "medidas de ámbito energético dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" en el marco del denominado "Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania".

Entre otras medidas, se establece una actualización anticipada y extraordinaria del régimen retributivo regulado de las renovables, la cogeneración y los residuos (ReCoRe), que otorga una rentabilidad financiera del 7,4%, que no se verá afectada. Una orden ministerial especificará el efecto sobre cada instalación acogida al ReCoRe.

Cada tres años se revisan los ingresos del ReCoRe a partir de la venta de su electricidad, con relación a unos precios de referencia establecidos al inicio del período. Si la rentabilidad obtenida es superior al 7,4%, las instalaciones abonan la diferencia al sistema; si es inferior, el sistema les compensa hasta llegar a ese nivel.

Habida cuenta de los elevados precios de la electricidad registrados en 2021 y previstos para el resto de 2022, la actualización reducirá en unos 1.800 millones los costes del ReCoRe en 2022, lo que permite rebajar los cargos en lo que queda de año un 55% por debajo del nivel anterior a las medidas para contener los precios que se aprobaron el año pasado.

"Adicionalmente -informa el Ministerio-, a partir del 1 de enero de 2023 dejará de aplicarse este mecanismo de ajuste por la desviación de precio en el mercado". Según Transición Ecológica, el objetivo es incentivar "que las instalaciones vendan a precio a plazo su producción eléctrica renovable".

La minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas), también se prorroga hasta el 30 de junio. Además, los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores.

La medida también afectará a la energía contratada a plazo a precio fijo que tenga un precio de cobertura superior a los 67 €/MWh; en el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo empresarial se tendrá en cuenta el precio final comercializado.