El gas le explota en las manos al gobierno canario

No reina la paz entre los socios del Gobierno de Canarias a cuenta de las regasificadoras que contempla el Real decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Sucede que el texto contemplaba plantas de regasificación ubicadas en el archipiélago canario, según "lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre", lo que ha revuelto las aguas políticas, en especial por el lado de Nueva Canarias, que se ha mostrado en contra de la utilización de este recurso energético, al revés que su socio de gobierno, el PSOE, que por ejemplo lo apoya decididamente en Tenerife.

Una nueva redacción, la del ley real decreto 10/2022 (conocido como el RDL del tope del precio al gas), que  fue publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado, presenta una redacción con la que el Gobierno central podría estar abriendo la puerta a la instalación de regasificadoras en Canarias. Antonio Morales (Nueva Canarias) se ha manifestado en contra de esa alternativa y exige una rectificación que asegura también demanda la sociedad canaria.

Desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética.

José Antonio Valbuena, consejero regional de Transición Ecológica: “Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación”

Según el Gobierno canario, en la planificación elaborada por la Comunidad Autónoma no se contempla esa posibilidad y queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, "mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”.