Rechazo en Canarias al fondo de sostenibilidad eléctrica

La aprobación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) en sus actuales términos supondría "un encarecimiento de la energía", especialmente los combustibles, en Canarias y sumará un nuevo sobrecoste que terminarán pagando los ciudadanos y las empresas, ya que afectará a toda la cadena de producción.

Las críticas parten de Coalición Canaria, que advierte que no contempla medidas específicas para Canarias, que cuenta con un sistema eléctrico más costoso que el que existe en la Península y que está condicionado por la existencia de seis sistemas aislados entre sí para cubrir las necesidades eléctricas de cada isla.

El fondo que grava de forma genérica el uso de combustibles, produciendo su encarecimiento, está creado por el Gobierno como una fórmula para compensar indirectamente los costes de las ayudas que sirvieron a principio del siglo XXI para potenciar la instalación de generación eléctrica renovable. 

Ayudas que tuvieron desigual uso y éxito según el territorio, llevando a la Península Ibérica a contar con un 40% de la generación eléctrica renovable, mientras que en Canarias solo se lograba una penetración del 16%, con islas como La Gomera o La Palma donde la presencia de renovables es aún irrisoria.

CC apunta, en este sentido, que este proyecto de ley, que pretende fijar un calendario para el desarrollo de energías renovables, no contempla la realidad canaria, en la que cualquier inversión en infraestructura energética, convencional, alternativa o renovable, es más costosa que en el continente, ni tampoco que la fragilidad del archipiélago, su diversidad medioambiental y la compleja orografía de origen volcánico dificultan la implantación de las infraestructuras energéticas necesarias.

Lejos del objetivo que plantea el Gobierno con este proyecto de ley, sus efectos serían perniciosos en las islas dado que “pretender forzar la electrificación de la economía canaria en estas condiciones generaría más CO2, por lo que entendemos que, previamente a su aplicación, habría que apostar por un impulso decidido en la expansión de la generación de origen 100% renovable en Canarias”.

CC presionará, a través de sus representantes en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, para que se enmiende el texto actual para evitar que se “multiplique su efecto insolidario sobre la población y las empresas del archipiélago. Si se aprueba en los actuales términos, los consumidores canarios se verán obligados a pagar la electrificación del territorio continental sin beneficiarse de la descarbonización que ella propicia por el aislamiento canario del sistema energético integrado de la Península”.

“La economía canaria”, añaden, “aumentaría su vulnerabilidad y perdería competitividad ya que la aplicación del fondo derivaría en un aumento de precio final en los combustibles líquidos, sin que en las islas exista opción real de sustitución por electricidad renovable. Ello reduciría la competitividad económica de las empresas canarias, ya mermada, y aumentaría el coste de vida de los residentes”

Los partidos que apoyan al Gobierno deben garantizar la introducción de una medida transitoria que demore la aplicación de este fondo en Canarias hasta que en las islas no se alcance el 40% de penetración de las renovables en la generación eléctrica. Y, además, que se mantengan los incentivos para el impulso de las inversiones que permitan la implantación de infraestructuras energéticas de origen renovables, permitiendo la compensación de los sobrecostes generados por nuestra condición de región ultraperiférica.