Polémica por la eliminación del impacto ambiental en parques de renovables

La Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental ha difundido un durísimo comunicado contra el recién aprobado Real Decreto-ley 20/2022, RDL que -asegura la Asociación- elimina "las herramientas de salvaguarda de que se disponía para conseguir que los proyectos de energías renovables se aprobaran con unas mínimas garantías de protección [ambiental] y sostenibilidad (...), obvia el más mínimo Principio de Precaución, de aplicación generalizada en todo el mundo civilizado desde la Cumbre de Río de 1992" y hurta a la ciudadanía la posibilidad de participar en los procesos de autorización de proyectos que tienen una "gran trascendencia territorial y social" y cuyas afecciones potenciales en "decenas de miles de hectáreas" pueden durar "decenas de años, plazo previsto para la vida útil promedio de estos proyectos".

El Gobierno aprobó hace apenas unos días el Real Decreto Ley (RDL) 20/2022 por el que se adoptan medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. Dicha norma plantea, entre otras muchas cosas, una serie de soluciones para acelerar la tramitación de proyectos renovables que impulsen la transición energética hacia un modelo descarbonizado, una transición considerada por cada vez más actores como urgente habida cuenta del marco de cambio climático y crisis energética (agravada por la guerra en Ucrania) en el que nos encontramos. 

El Gobierno -sostiene la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental- ha generalizado con el RDL que acaba de publicar el "procedimiento de autorización-exprés" de proyectos renovables que el Ejecutivo ya creó mediante el Real Decreto Ley 6/2022, una generalización que va a afectar ahora a "todos los proyectos de energías renovables, independientemente de su tamaño" (únicamente no será de aplicación para proyectos ubicados en espacios protegidos, incluida la Red Natura 2000, o en medio marino, así como las líneas de evacuación de voltaje igual o superior 220 kV con longitud superior a 15 kilómetros).

Más allá de esa excepción cuasi obligada (la relativa a la Red Natura 2000), lo que viene a hacer la norma que acaba de aprobar el Gobierno es, según la Asociación, desmantelar "el entramado jurídico-normativo que representa la Evaluación Ambiental como instrumento de protección ambiental y social, eliminando las herramientas de salvaguarda de que se disponía para conseguir que los proyectos de energías renovables se aprobaran con unas mínimas garantías de protección y sostenibilidad".