Fuerte resistencia de la patronal renovable a las reformas de Ribera

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) han unido su preocupación en forma de comunicado de valoración sobre la propuesta de reforma del mercado eléctrico que el Gobierno español acaba de enviar a la Comisión Europea. Las entidades muestran su "inquietud" por algunos de los extremos de la propuesta enviada a Bruselas y lamentan que esta "se haya realizado sin un análisis profundo del alcance de los cambios propuestos". 

Las asociaciones subrayan "la necesidad de garantizar la estabilidad regulatoria como pilar esencial para la seguridad jurídica de los inversores", y comprenden "la situación energética española y europea, consecuencia de la excesiva dependencia del gas importado", dependencia que ha aflorado de forma importante con la guerra en Ucrania. 

Sin embargo, plantean que "la mejor solución para paliar el actual problema energético es fomentar y acelerar el despliegue de las energías renovables" y consideran que, en ese sentido, "cualquier propuesta que se presente para cambiar el diseño del mercado eléctrico europeo debe estar enfocada a facilitar, abaratar y acelerar el desarrollo de nuevas instalaciones, tanto en España como en el resto de la Unión Europa". Las dos asociaciones insisten así en que "la mejor forma de contar con energía propia y competitiva es acelerar la Transición hacia las energías renovables".

La propuesta realizada por el Gobierno de España "implica cambios a corto, medio y largo plazo que podrían afectar a las instalaciones renovables actualmente en operación y a las futuras instalaciones previstas en los objetivos del PNIEC, por lo que es más necesario si cabe contar con una postura consensuada entre los distintos actores implicados", explican. 

Al ser una propuesta de alto nivel, carente de detalles técnicos, "no se pueden valorar las implicaciones futuras de los cambios anunciados". Sin embargo, esta situación "puede generar dudas en las tomas de decisión de las inversiones de renovables necesarias para cumplir el PNIEC".

Las asociaciones recuerdan al Gobierno en su comunicado que "solo en el caso de España, hay más de cien mil millones de euros en potenciales inversiones en energías renovables, hidrógeno verde, almacenamiento energético e infraestructuras, cuya materialización depende de un marco jurídico estable, predecible y consensuado entre el sector público y el privado".

APPA y AEE apelan pues a la estabilidad de un marco jurídico que otorgue "visibilidad" a los inversores y aseguran en su nota que el desarrollo renovable, que se ha "reactivado por fin en los últimos años", está basado "en la apuesta de las empresas por el sistema actual de los mercados a corto y largo plazo".