“130.000 nuevas familias podrán acogerse al bono social energético”

Hoy, 17 de octubre, es el Día Mundial de la erradicación de la pobreza. El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Néstor Hernández, asegura a Energyhub que 130.000 nuevas familias con escasos recursos podrán acogerse al bono social energético. En esta entrevista destaca las medidas más importantes de la estrategia canaria contra la pobreza energética.

Hay discrepancias sobre la definición ¿Cuándo se considera que un hogar se encuentra en pobreza energética?

Hay medidores internacionales que inicialmente la situaban cuando se destina más del 10% de la renta familiar a la factura energética. Pero ese primer valor ha ido variando ya que no permite realizar una lectura adecuada para todos los ciudadanos por igual al intervenir otros muchos factores.

Lo que establece la ley española es sólo un principio sobre los hogares vulnerables pero no está definida la pobreza energética. Sin embargo, es evidente que cualquier familia que no puede pagar el suministro eléctrico debe ser considerada una familia pobre energéticamente. Una situación que no podemos permitir y por eso estamos tomando medidas.

Hay estudios que aseguran que Canarias es la comunidad con más hogares de España en esta situación al afectar al 15% de las familias

Este tipo de estudios que se realiza para toda España incluye valores que no son representativos para comunidades autónomas como Canarias ya que utiliza el indicador de la calefacción y el 99% de nosotros no la necesita. Además, hay otros informes que reducen ese porcentaje a la mitad.

Ante estas divergencias, vamos a realizar un diagnóstico específico para las Islas con el apoyo de las operadoras. En cualquier caso, y respetando todos los estudios, la discusión no es tanto la cifra como la aplicación de medidas que eviten que cualquier familia no pueda hacer frente al gasto energético. Permitir eso es éticamente reprobable.

El pasado agosto, el Gobierno canario aprobó una estrategia contra la pobreza energética ¿qué resolverá a las personas más vulnerables?

Una de las medidas incidirá en el bono social, que supone el descuento del 25% de la factura eléctrica a hogares vulnerables. Se aplica automáticamente a los que tienen una potencia contratada hasta 3 KW y hasta los 10 KW se valora, mediante solicitud, a los pensionistas, a los hogares con todos sus miembros en paro y a familias numerosas.

Para que sea considerada, estas personas deben cumplir una condición y es que el contrato esté a nombre de quien habita la vivienda y no siempre sucede. Actualmente, hay acogidas unas 120.000 familias al bono social pero nuestros cálculos estiman que tendrían el derecho, aunque no estén acogidos, unos 130.000 hogares más si se solucionara este impedimento con un cambio normativo.

¿Cuál sería esa modificación normativa?

No pueden acceder al bono social porque en Canarias se aplica un reglamento que establece que para el cambio de titularidad del contrato eléctrico en las viviendas de más de 20 años se precisa una inspección y la obtención del llamado boletín. Esto supone un coste de entre 300 y 1.500 euros y para una familia con escasos recursos esas cantidades son inasumibles.

Por tanto, hemos solicitado a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento la modificación de este reglamento de forma que cualquier persona en estas circunstancias pueda solucionar esa traba con una simple llamada a la compañía suministradora sin costes añadidos.

¿Qué otros puntos contiene la estrategia?

También incluye la reinstauración del plan Renove para adquirir electrodomésticos con el fin de avanzar en la eficiencia de los hogares ante la subida del recibo de la luz que desde 2005 a 2015 se ha incrementado en torno a un 83%.

Asimismo, se proponen medidas para las familias que tengan a uno de sus miembros recibiendo un tratamiento médico que precise de aparatos eléctricos. Se plantea un protocolo de forma que la Consejería de Sanidad lo comunique a la operadora para impedir un corte de energía por falta de pago. Hay que decir que las operadoras ya lo hacen pero ahora se exige una tramitación y lo que buscamos es una acción rápida y resolutiva.

¿Se dará mayor protagonismo a los ayuntamientos como instituciones más cercanas a la ciudadanía?

Vamos a aumentar las ayudas de emergencia que ofrecen los ayuntamientos. Estamos a punto de formalizar un convenio entre el Gobierno de Canarias, la FECAM y la Fundación Caixa hasta alcanzar 1,8 millones de euros.

Otra medida que ya se está ejecutando es permitir a las corporaciones saneadas, por primera vez en muchos años, que los 113 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal los puedan destinar a emergencia social, lo que incluye la factura eléctrica.

El Gobierno está actuando con empeño pero quiero destacar la labor de los ayuntamientos, que son los que realmente realizan el mayor esfuerzo. En muchos casos, careciendo incluso de trabajadores sociales ya que la crisis se ha llevado al 40% de ellos, están desbordados y, a pesar de las dificultades, realizan una gran tarea.

¿Cuál es el grado de sensibilización de las compañías eléctricas?

Es evidente que son empresas que buscan beneficios pero también es cierto que el grado de sensibilización es creciente. Por ejemplo, están siendo muy colaborativas en facilitar sus datos para poder elaborar el mapa energético canario.

También vamos a firmar un convenio para, entre otras cosas, dar más plazo a las administraciones a que evalúen situaciones de emergencia antes de proceder a un corte de suministro.

Otro de las medidas es el programa de formación y empleo destinado a viviendas de protección oficial y comunidades ¿En qué consiste?

Se trata de cursos para formar a instaladores que puedan intervenir en comunidades de propietarios, sobre todo en las viviendas de protección oficial que en muchas ocasiones ni siquiera están constituidas. Esto se traduce en un cierto abandono de las instalaciones.

La medida consiste en actuar sobre la población desempleada de la misma zona o municipio formándola para que después puedan acometer la renovación de las instalaciones. Esto generará empleo y además se mejorará la calidad de las viviendas y de sus zonas comunes.