Greenpeace destaca el acuerdo de todos los partidos para que la ley fije un objetivo energético 100% renovable

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• La organización ecologista espera que antes de la publicación del proyecto de ley se organicen otros espacios de debate más participativos


Una vez que han finalizado las jornadas de debate sobre la Ley de cambio climático promovidas, a finales de mayo, por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Greenpeace destaca el hecho de que todos los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo para que la futura ley establezca un objetivo energético 100% renovable para España, aunque no hayan sido capaces de establecer un calendario concreto. 


La organización ecologista también destaca que haya existido voluntad por parte de las personas integrantes de varias de las meses en las que se han organizado las jornadas para poner fin a las ayudas para las energías sucias, así como para establecer mecanismos que hagan real la máxima de quien contamina paga. También destaca el consenso en torno al desarrollo a un modelo agrícola bajo en carbono basado en la agricultura ecológica.


Sin embargo, Greenpeace espera que este proceso que se acaba de abrir para desarrollar la futura ley de cambio climático fluya de otra manera que permita que las partes participantes puedan aportar sus puntos de vista y dialogar con suficiente tiempo y en igualdad de condiciones. También confía en que se tengan en cuenta temas trascendentales como los objetivos genéricos de reducción de emisiones o las medidas necesarias para reducir las emisiones del sector agrícola.


Cabe destacar la falta de consenso y concreción para mejorar la movilidad de la ciudades y reducir las emisiones del sector del transporte, aspectos que Greenpeace confía sean mejorados en el futuro.


La organización ecologista, al igual que la Alianza por el Clima, exige en que antes de la publicación del anteproyecto de ley se organicen otros espacios de debate en los que se aborde también el Plan Nacional de Energía y Clima, que el Gobierno tiene que presentar a Bruselas a principios de 2018 para cumplir con el nuevo marco normativo europeo, de cuya elaboración no se conoce prácticamente nada.


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