Baleares comienza a trabajar en pro de una Ley de Cambio Climático
martes, 29 de agosto de 2017, 10:37
“Es imprescindible un marco legal, la futura ley del cambio climático, que implique a las administraciones pero también al conjunto de la sociedad a corto, medio y largo plazo, y que defina líneas de acción todavía más amplias para hacer posible el objetivo principal de hacer de las Islas Baleares un espacio sin emisiones y resiliente al cambio climático”, según ha puesto de manifiesto el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, al anunciar la primera ley del cambio climático de las Islas Baleares, una de las prioridades del nuevo curso político.
Pons adelantó que el objetivo es que el Govern pueda aprobar el anteproyecto en el primer trimestre de 2018 para que entonces la norma inicie la tramitación parlamentaria.
Según recoge la comunicación elaborada por el Govern, la ley tiene que ser el marco legal que permita alcanzar el objetivo de emisiones cero en el año 2050 en las Islas Baleares y que permita adaptar los diferentes sectores de las Islas a los cambios que ya están en marcha y a los que la comunidad científica alerta que pueden acaecer.
En esta línea, el consejero ha destacado que este Govern ha tomado medidas concretas en coherencia con este objetivo, como la compra de energías renovables, el fomento del autoconsumo, el impulso del vehículo eléctrico, las líneas de subvención, la tramitación de proyectos renovables o el Plan de Transición Energética, que pretende por primera vez definir el futuro energético de las Islas desde aquí con medidas concretas como el cierre de los centros de producción energético más contaminantes y la implantación de sistemas de generación renovable, pero que es evidente que se necesita un marco legal para alcanzar los objetivos marcados.
“Es imprescindible un marco legal, la futura ley del cambio climático, que implique a las administraciones pero también al conjunto de la sociedad a corto, medio y largo plazo, y que defina líneas de acción todavía más amplias para hacer posible el objetivo principal de hacer de las Islas Baleares un espacio sin emisiones y resiliente al cambio climático”, ha añadido el consejero.
Tiene que ser una ley de consenso —ha destacado el consejero— porque su horizonte tiene que garantizar su aplicación.
Así, en la primera fase de preparación de esta ley se ha llevado a término un proceso participativo con el fin de recoger la opinión de la sociedad sobre la influencia del cambio climático en las Islas Baleares y el resultado avala la necesidad de tomar medidas de manera urgente.
Se han recibido unas 2.000 respuestas individuales y se han realizado talleres de debate ciudadano y sectoriales con participación de más de 35 empresas, entidades, asociaciones y también partidos políticos.
El núcleo de participación más importante ha sido la encuesta en línea a través de la página http://canviclimatic.caib.es, donde hubo 700 inscripciones. Además, se tienen que añadir los participantes en los talleres y las mesas sectoriales, y las aproximadamente 1.200 personas que respondieron en diciembre del año pasado a la “Pregunta del mes” que planteó el Gobierno de las Islas Baleares sobre la percepción ciudadana de introducir energías limpias.
El consejero Marc Pons y el director general de Cambio Climático han destacado como conclusión global del proceso participativo que la sociedad reclama medidas urgentes y vinculantes para la lucha contra el cambio climático.
Principales conclusiones del proceso hacia la futura ley del cambio climático
- La transversalidad de la ley y la incidencia de forma concreta en todos los sectores implicados en el cambio climático, especialmente en la planificación urbanística y territorial.
- La vinculación de los objetivos de reducción de emisiones y la capacidad de penalización de la ley para sancionar los incumplimientos.
- La necesidad de disponer de un presupuesto y de recursos específicos para aplicar la ley.
- La creación de un fondo climático o fondo de carbono para financiar o recompensar las acciones que supongan una reducción de las emisiones o la adaptación al cambio climático.
- La revisión de la política fiscal para evitar subvenciones a los combustibles fósiles y la incorporación de bonificaciones o deducciones fiscales a las actividades que propicien la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- La necesidad de descarbonizar el sistema energético y pasar a un sistema 100 % basado en renovables.
- La priorización del transporte público y el avance hacia un modelo de movilidad eléctrica.
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