En Marea presenta 14 medidas para acabar con la estafa de la tarifa eléctrica

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El grupo parlamentario En Marea denunció la "estafa masiva" del precio de la luz en nuestro país y los aumentos continuos en la factura. El portavoz, Luis Villares, dice que estamos frente a una "historia de terror en el que las grandes compañías eléctricas nos estafan diariamente".


Francisco Casal, diputado de la formación presente también en la rueda de prensa, puse el acento en la subida de un 100% del precio de la electricidad para el consumidor español entre 2005 y 2016, cuando en la mayoría de los países de nuestro entorno la subida oscila entre el 25% y el 60%. Casal negó que la subida se deba a la volatilidad natural de los precios, como explica el ministro Nadal: "esta volatilidad no es un fenómeno natural, tiene beneficiarios y causas específicas. Es el resultado de acciones gubernamentales, también de la inacción del gobierno, y puede y debe revertirse ", dijo.


Cómo revertir la situación


Para revertir esta situación, En Marea propone una modificación profunda de las leyes del sector eléctrico y, en particular, propone 14 medidas esenciales. Son estas:




  • Excluir del pool de subastas diarias la producción eólica, hidráulica, nuclear y parte de la del carbón. Esta sería ofrecida al mercado mediante contratos anuales o plurianuales con precios estables. En Marea dice que así se lograría una rebaja considerable del precio de la electricidad, como sucede en la mayoría de los países europeos.
  • Eliminar la obligación de las comercializadoras de participar en el mercado diario para adquirir la totalidad de la energía de sus clientes, poniendo a su disposición la posibilidad de contratar a precios regulados la energía de las centrales nucleares y un porcentaje de la hidráulica, la eólica y las centrales de carbón. Con ello se facilitaría el acceso al mercado de las comercializadores independientes en igualdad de condiciones.
  • Exigir la separación real, con empresas claramente diferenciadas en capital y estructura, de las actividades de producción, distribución y comercialización, como marcan las directivas europeas.
  • Tomar el control de la gestión de la red de distribución por parte del Estado, de la misma forma que se hace con el transporte. Una vez que tomado el control, se llevará a cabo una auditoría exhaustiva de los costos para determinar la remuneración justa de este servicio.
  • Centralizar en el Operador del Sistema la gestión de toda la producción hidráulica y el bombeo. Dos recursos escasos pero críticos para la integración de fuentes de energía renovables como la eólica y la solar y la seguridad del sistema y que deberían utilizarse para funciones que aumenten el bienestar social y no para la obtención de ganancias caídas del cielo.
  • Desarrollar los reglamentos de los artículos 24.4 y 24.5 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico creando las modalidades de contratación y sociedades gestoras que permitan la gestión de la producción de origen nuclear, hidráulica y carbón y poner esta a disposición de las comercializadoras en los términos indicados en esta propuesta.
  • Derogar el artículo 9.3 del Real Decreto 2019/1997 y todas aquellas normas que impiden la contratación bilateral física, instando a Red Eléctrica y al Operador del Mercado Ibérico de Energía, OMIE, a presentar propuestas de modificación de procedimientos operativos y reglas que faciliten dicha contratación.
  • Promocionar la autoproducción y el autoconsumo y suprimir el llamado impuesto al sol.
  • Incrementar de manera importante las subastas y las concesiones para instalar generación con renovables.
  • Devolución por parte de las eléctricas de los incentivos por los teóricos costos de la Transición a la Competencia.
  • Realizar una auditoría exhaustiva del déficit de tarifa. Analizar su legitimidad y, en su caso, exigir su devolución total o parcial a las compañías eléctricas.
  • Prohibición de las puertas giratorias. Ningún político con responsabilidades gubernamentales puede forma parte de los puestos ejecutivos o juntas directivas de compañías eléctricas por un período de 10 años.
  • Cambiar el concepto y el impuesto sobre la electricidad, que actualmente se cobra por igual a todos los consumidores. Reemplazarlo por un impuesto sobre el consumo de electricidad que iría desde un gravamen cero para las potencias y consumos más bajos, aumentando de acuerdo con las secciones de potencia y consumo. Este es el sistema que hay en casi todos los países europeos.
  • Estudiar una bajada del IVA para las potencias y consumos establecidos como esenciales.



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