Las auditorías energéticas no aportan aún datos concluyentes a la UE

El Real Decreto 56/2016 establece la obligación de hacer la auditoría energética cada cuatro años y, a pesar de la extensión de plazos de 78 días a raíz de la crisis sanitaria por la covid-19, hay muchas compañías que no han realizado estos estudios, por lo que se exponen a sanciones. Por otra parte, todavía no se dispone de información fiable acerca de cuánto ha colaborado este instrumento para conseguir los objetivos de sostenibilidad trazados por la Unión Europea.

Una empresa está obligada a hacer su auditoría si tiene más de 250 trabajadores, o bien más de 50 M€ de facturación y 43 M€ de balance. Debe auditarse al menos el 85% de los consumos energéticos totales de la empresa. Las auditorías deben registrarse en las CCAA donde se produjeron los consumos, en caso de no llevarla a cabo, se exponen a sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros por centro no auditado.

Aunque la UE tiene establecidos mecanismos de comunicación para informar sobre el avance de las auditorías energéticas, y a pesar de haber transcurridos varios años desde su transposición a las legislaciones nacionales, "todavía no se dispone de datos fiables y completos que permitan una valoración del aporte de las auditorías a los objetivos de la UE", afirma Pablo Rodríguez Regueira de la empresa ENERGEA BC.

Al margen de posibles sanciones y del cumplimiento del real decreto, una auditoría permite a las empresas saber cuánto, cómo y dónde está consumiendo, tener una perspectiva acerca de qué alternativas tiene a su mano para ahorrar en la factura energética y a la vez conocer los retornos medioambientales y económicos de cada una de las alternativas disponibles.