La UNEF ve como noticia positiva la próxima convocatoria de una nueva subasta

La Unión Española Fotovoltaica, UNEF, ha recibido como una noticia positiva la próxima convocatoria de una nueva subasta renovable que permitirá a la energía solar "demostrar a los consumidores su capacidad para contribuir a la reducción del precio de la electricidad con una tecnología limpia", ya que "el sector tiene todo el potencial necesario para afrontar este desafío de crecimiento".

La fotovoltaica "es la mejor apuesta que puede hacer la sociedad para completar la descarbonización a tiempo, no solo por ser la tecnología más competitiva y con menor impacto en el medio ambiente", afirman. También "porque necesita menos infraestructura en redes, por su posibilidad de instalación cerca de los nudos de conexión y próxima a los puntos de consumo". Además, "permite la creación de un mercado de la energía en competencia y participativo, como se demostró en las anteriores subastas".

La nueva convocatoria "supone, además, una clara oportunidad para consolidar la industria fotovoltaica española, que está preparada para responder a este reto". El cumplimiento del calendario de subastas renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 otorga al sector certidumbre a lo largo de toda su cadena de valor.

A falta de analizar con más profundidad los detalles de la licitación, la UNEF se congratula especialmente de que "por fin se apoye la petición que lleva años realizando al Gobierno para que se celebren subastas específicas para instalaciones pequeñas". Es fundamental "que los proyectos pequeños puedan concurrir en las circunstancias adecuadas para su desarrollo".

“La convocatoria aporta certidumbre al sector y permite a la fotovoltaica avanzar en su compromiso para cumplir los objetivos climáticos y aportar riqueza, empleo y valor social a la ciudadanía española”, ha señalado Rafael Benjumea, presidente de la Unión Española Fotovoltaica.

Para la UNEF el éxito de esta próxima subasta está condicionado a que las administraciones eliminen las barreras que todavía permanecen en mayor o menor medida para la tramitación de proyectos, así como de que se respeten los plazos correspondientes.