Piden gravar la energía eólica en Fuerteventura con un canon

Como ya habíamos informado previamente, en Fuerteventura continúan los problemas para la instalación de energías renovables y en el pleno de este miércoles en el Parlamento de Canarias se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se aplique un "canon eólico" en la isla para "paliar el impacto paisajístico de los parques", a semejanza de otras comunidades autónomas donde las inversiones deben soportar este extracoste.

Así, la diputada Sandra Domínguez (AMF) dio como ejemplo de su propuesta el caso de Castilla-La Mancha, que aplica el canon eólico desde 2011, o la comunidad autónoma gallega que lo aplica desde 2009. Este canon "ha sido refrendado Tribunal Supremo y por Sentencia del Tribunal de Justicia de UE en el 2017", afirma. Señaló Domínguez que en estas comunidades el canon anual es de entre 1.000 y 3.000 euros "por cada molino" y que en Canarias sería compatible con el canon de ocupación de suelo rústico.

La patronal eólica, AEE, ha mostrado su rechazo a este tipo de iniciativas, ya que restan atractivo a las comunidades autónomas que lo imponen dado que si bien logran más recaudación fiscal en el corto plazo, "alejan la posibilidad de atraer riqueza y empleo eólico en el futuro".

Considera la legisladora majorera que se trataría de "una compensación por el daño paisajístico, un tributo medioambiental, una prestación de naturaleza finalista, siguiendo la premisa reiterada en el Parlamento de quien contamina paga, porque los parques eólicos causan daño paisajístico en un amplio sentido , tanto ambiental como antrópico, afectando a paisajes como el de Fuerteventura con una enorme fragilidad visual".

Para Domínguez el canon eólico podía ser "un arma de persuasión contra la proliferación masiva y desordenada" de los parques eólicos. Y solicitó al consejero que se adoptara esta medida de forma inminente dado que los daños paisajísticos son actuales.

La "utilización industrial del viento como actividad económica en su consideración de renovable, también lleva aparejada una serie de cargas y transformaciones y produce daños colaterales, dado que disminuye el valor de los inmuebles que se encuentran entornos cercanos, sin derecho de expropiación", y "merma, por ejemplo, el valor que podría tener una vivienda ubicada a 200 metros de un molino de viento de 150 metros de altura".

Según hizo saber la diputada al consejero Valbuena, no se puede "estar a expensas de una Ley Canaria de Cambio Climático que se aprobará o no, mientras que otras comunidades autónomas más previsoras ha elaborado una normativa concreta para la aplicación del canon eólico".