Cada vez más tropiezos de la Administración con la eólica en Tenerife

El grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife (formado por PSOE y Cs) ha acusado a Coalición Canaria (CC) de gestionar el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), dependiente de la corporación insular, “como un ventorrillo” y dejar “un desbarajuste” de irregularidades en la empresa, con obras sin licencia, contratos millonarios “a dedo”, enganches ilegales a la luz y hasta una perrera en sus instalaciones.

Estas críticas a la gestión de este organismo se han producido este martes durante un pleno extraordinario celebrado a propuesta de Coalición Canaria (CC) sobre la paralización de los parques eólicos de Areté y La Roca, en Arico, que, a su juicio, ha supuesto una pérdida para la corporación insular de unos ocho millones de euros hasta diciembre. Dichos parques eólicos se encuentran sin actividad, total o parcialmente, desde que el pasado 8 de agosto se produjese una avería.

Al respecto, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, afirmó que se produjo un problema en los aerogeneradores no atribuible al ITER ni a sus trabajadores sino por el centro de transformación de la generación, de cuyo mantenimiento se encargan las empresas Iberdrola y Energías Ecológicas de Tenerife.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la compañía eléctrica Iberdrola manifestó que la avería se había derivado de “problemas de mantenimiento en la instalación de conexión gestionada por el ITER”. De hecho, la empresa aseguró que la subestación de Granadilla da servicio también al parque eólico de Chimiche II, propiedad de EET, que “en todo momento ha funcionado con plena normalidad”. 

Iberdrola explicó entonces a este periódico que dentro de dicha subestación existen infraestructuras comunes e infraestructuras individuales de cada promotor. Mediante un acuerdo de mantenimiento de infraestructuras firmado entre el ITER y EET, Iberdrola se encarga de mantener la zona común, según explicó, pero puntualizó que “es obligación de cada promotor realizar el mantenimiento de sus infraestructuras propias”.

No se trata de la única de las penurias vinculadas a la eólica ubicada en el sur de Tenerife, porque recientemente la justicia ha vuelto a darle la razón a la empresa Alas Capital frente al Ayuntamiento de Arico en una reclamación por tributos mal gestionados. El Tribunal Supremo (TS) obliga al Consistorio ariquero a devolver 128.300 euros a los promotores del parque eólico La Morra en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). 

La sentencia alude al hecho de que esta instalación está autorizada por el Gobierno de Canarias desde enero de 2022, a pesar de existir pronunciamientos judiciales en contra, y que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el cobro del ICIO en sentencia del pasado octubre, aunque sin carácter retroactivo.

Esta sentencia supone un cambio sustancial en la relación de los complejos de producción de energía alternativa con la Administración, a la que los juzgados otorgaban la razón en cobro del ICIO, hasta ahora. Así sucedió con el Cabildo de Tenerife y con el Ayuntamiento. En la actualidad, se da la circunstancia de que en vía judicial permanecen otras reclamaciones de la empresa que alcanzan la cuantía de 400.000 euros.

Un aspecto al que alude la sentencia del Supremo se refiere a que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario autorizó este parque eólico situado en la urbanización Jardín del Atlántico. Una legalización que se produjo existiendo sentencias judiciales como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en 2018 anuló el trámite para construir el parque eólico La Morra al no haber recabado la autorización preceptiva del Ayuntamiento de Arico.

El Tribunal Supremo deja ahora sin efecto esa sentencia del TSJC, que daba la razón al Ayuntamiento cuando aprobó la liquidación del ICIO por una modificación del proyecto que se concretó, hace años, en la construcción de tres aerogeneradores de 6,3 megavatios, de los ocho inicialmente previstos. 

Cada aerogenerador tiene 78 metros de altura y aspas de 92 metros. Situado en las inmediaciones de una urbanización, Jardín del Atlántico, emplazada autopista abajo, los vecinos han expresado sus quejas en múltiples ocasiones en relación con el ruido que producen y el efecto parpadeo que causa el movimiento de sus aspas. La actividad de uno de esos aerogeneradores incide de forma especial en una de las viviendas cercanas.

La cuestión de fondo debatida en los tribunales era determinar si la autorización que otorga el Gobierno autónomo a través de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico sustituye la autorización de obras o urbanística que implica el pago del ICIO. Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias defendían que la empresa debía pagar esta cantidad por la modificación de la instalación eólica de generación eléctrica.