Las eléctricas no seguirán pagando el bono social a 120.000 hogares canarios

El Tribunal Supremo ha dado la razón a las compañías eléctricas tumbando el bono social por el que las familias sin recursos obtienen un descuento del 25% en su factura energética. La decisión judicial considera que el coste de esta medida no puede recaer en las suministradoras al ser incompatible con la directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad. En Canarias, unas 120.000 familias reciben esa ayuda que, de aplicarse la sentencia, debería asumir el Estado para evitar su eliminación.

Esto supone un importante varapalo económico a las arcas estatales que las compañías han cifrado en unos 500 millones de euros en todo el país desde que entró en vigor y que el Gobierno de España deberá devolver junto a los intereses legales correspondientes.

En las Islas, la nueva situación complica las intenciones del Gobierno de Canarias incluidas en su estrategia contra la pobreza energética. Según informaba a energyHub.es en una reciente entrevista el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, el Ejecutivo tiene previsto ampliar a 130.000 nuevos hogares el derecho a percibir este bono social.

Se trata de una tarifa, impuesta a las empresas eléctricas hasta el momento de la sentencia, destinada a familias vulnerables. Se aplica automáticamente a este tipo de usuarios con una potencia contratada hasta 3 KW mientras que hasta los 10 KW se valora, mediante solicitud, a los pensionistas, a los hogares con todos sus miembros en paro y a familias numerosas.

Hernández aseguró que el Ejecutivo canario trabaja en una modificación reglamentaria para agilizar sin costes el cambio de titularidad del contrato eléctrico de 130.000 familias con el fin de añadirlas al bono social. Un cambio de titularidad imprescindible para acreditar que el solicitante de la ayuda coincide con el ocupante de la vivienda.

Con la nueva situación provocada tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de España tendrá que buscar soluciones alternativas para que las familias sin recursos puedan seguir percibiendo esta ayuda.

Una de ellas será asumir, vía presupuestos estatales, el coste de estas tarifas subvencionadas. En su defecto, también se abre la posibilidad de aumentar la factura eléctrica al resto de consumidores con el fin de absorber el bono social.